La interculturalidad es la propuesta política y cultural que los Pueblos Originarios de América Latina vienen construyendo desde los años 90 para lograr la transformación del estado –nación al estado plurinacional con justicia social.
La interculturalidad –critica- requiere de simetría en las relaciones materiales y simbólicas de los sujetos políticos es por eso que la interculturalidad como política crítica es transformadora de las históricas asimetrías sociales que se conformaron en América Latina en torno al concepto eurocentrista y positivista de “raza” que instaló la conquista.
La conformación del Estado argentino con la Constitución de 1853-1860 es la primacía de la línea de exclusión y genocidio de los Pueblos Originarios, la de Mitre, Sarmiento, Roca- por sobre la línea revolucionaria de Mayo: Castelli, Belgrano, Moreno, San Martín que planteaba un proyecto junto a los Pueblos Originarios a través de la unidad continental.
La lucha de los Pueblos Originarios impulsó un cambio de paradigma que se plasmó en la reforma constitucional de 1994 que reconoce la preexistencia de los Pueblos Indígenas argentinos. Se establece de esta forma un pacto de convivencia entre los Pueblos y Indígenas y el Estado que exige desarrollar las condiciones de posibilidad de la vida común en una sociedad pluralista.
Se ha iniciado, en consecuencia, un proceso de transformación del Estado y la sociedad que, en esta etapa, solo puede lograrse a través de la participación sustantiva de las organizaciones políticas de los Pueblos Indígenas. Es lo que los Pueblos Indígenas denominan política de interculturalidad. En efecto, no se trata de sumar o agregar diversidad al modelo de estado dominante, sino de generar la transformación de la relación entre los Pueblos Originarios con el Estado y sus instituciones sociales, políticas, económicas y jurídicas, así como con el conjunto de la sociedad.
Los Pueblos Originarios, necesitamos un espacio para ser protagonistas y estamos convencidos, que este gobierno, que se define nacional y popular con base en la justicia social ha retomado el rol del estado social, revirtiendo las políticas neoliberales de las décadas anteriores, ha avanzado en una política de derechos humanos, que tuvo el valor de enfrentarse contra nuestros principales enemigos, la sociedad rural, los terratenientes, los patrones de fincas y estancias, los genocidas, razones por eso hemos acompañado las movilizaciones a favor del impuesto a la soja, la Ley de Servicios Audiovisuales, el respaldo a la institucionalidad del país.
Estamos dispuestos a asumir el compromiso de impulsar ese cambio para una Argentina inclusiva, plurinacional, pluricultural, con redistribución de la tierra y de la riqueza, con la restitución de la palabra pública a los Pueblos Originarios, con la revaloración de nuestra historia, garante de los derechos humanos de todos y todas.
Este proceso de recuperación de la ciudadanía inclusiva debe ir acompañado de una descolonización del estado que achique las brechas estructurales que sembró la colonialidad desde la conformación de los estado - nación. Es el aporte de los Pueblos Originarios a la refundación del estado hacia el Bicentenario por un Estado pluricultural y plurinacional que conjugue la justicia con la participación sustantiva de todos.
Nosotros, los Pueblos Originarios adherimos a una política en la cual la diferencia puede combinarse coherentemente con una política de igualdad, que reconozca las diferencias idiomáticas, culturales y filosóficas que hacen a nuestra forma de encarar la vida y cuidarla.
Diagnóstico de situación
En la Argentina habitamos más de 30 Pueblos Originarios organizados en más de 900 comunidades rurales y en organizaciones políticas territoriales de comunidades de un mismo pueblo en una o distintas provincias; hablamos 12 idiomas diferentes al castellano y representamos aproximadamente el 10% de la población del país. A la llegada de los españoles en lo que hoy es Argentina se hablaban 36 idiomas originarios, muchos de ellos se han perdido en la actualidad.
Somos, entre otros, los Pueblos Kolla, Mapuche, Qom (Toba), Pilagá, Mocoví, Tehuelche, Selk’nam (Ona), Mbya Guaraní, Ava Guaraní, Wichi, Diaguita, Huarpe, Tonocote, Rankulche, Chulupí, Chorote, Tupí Guaraní, Chané, Tapiete, Charrúa, Sanaviron, Lule, Atacama, Omahuaca, Ocloya, Tilian, Nivacklé, Tastil, Vilelas y Comechingón.
Tenemos una historia de subordinación política, económica, de re-localización y reducción territorial, asimilación cultural e institucional tendientes todas a una homogeneización forzada. Hoy es urgente abordar las profundas desigualdades materiales a las que hemos llegado fruto de años de colonización e injusticias perpetradas aun en contra de nuestros derechos, como el acceso al trabajo remunerado, educación, salud y recreación. Las cuales pueden verse reflejado en nuestras regiones donde coinciden la discriminación, la mayor pobreza estructural, el mayor número de exposición de tóxicos, alcoholismo, menos expectativas de vida, altas tasas de mortalidad infantil y analfabetismo, violaciones, desalojos, contaminación, falta de agua potable, de agentes sanitarios, entre otras variables.
Las organizaciones que elevamos esta propuesta nucleamos a más de 900 comunidades que conformamos veinte y seis organizaciones políticas territoriales, nos hemos conformado en marzo del 2009 en un espacio de articulación Política al que denominamos Encuentro de Organizaciones de Pueblos Originarios. En ese entonces nos reunimos a debatir en la Ciudad de Alte Brown más de 200 representantes de las organizaciones de los pueblos y elaboramos un documento denominado “Construyendo el Pacto del Bicentenario entre los Pueblos Originarios y el Estado: una política de interculturalidad” en la que se plasmaron muchas de las propuestas que aquí se presentan y otras que fueron construyéndose en los ámbitos de discusión del Encuentro que en lo que va de su conformación lleva seis plenarias realizadas con plena participación de las organizaciones.
Además este encuentro reconoce instancias anteriores de unidad de los Pueblos Originarios como los Foros Regionales realizados en el 2003 y los procesos de participación retomados en la democracia.
Esta propuesta se enmarca en los derechos políticos a la libre determinación como expresamente lo establece la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y el excepcional marco jurídico federal que instaura la Constitución Nacional de 1994.
Encuentro de Organizaciones de Pueblos Originarios
Marzo 2010
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