C O M U N I D A D I N D I G E N A E L N O G A L I T O – P U E B L O L U L E
Personería Jurídica Resolución Nº 006/03, Inscripta en Registro Nacional de Comunidades Indígenas (Re.Na.C.I)
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Personería Jurídica Resolución Nº 006/03, Inscripta en Registro Nacional de Comunidades Indígenas (Re.Na.C.I)
8 familias de la Comunidad Indígena de El Nogalito podrían ser desalojadas hoy
PUEBLOS ORIGINARIOS HOY PODRÍA EFECTIVIZARSE LA MEDIDA CONTRA COMUNEROS DE LA COMUNIDAD INDÍGENA DE EL NOGALITO
Ocho familias de la Comunidad Indígena de El Nogalito cerca del desalojo
El martes 22 de septiembre, cerca de 20 efectivos de la policia provincial se hicieron presente para cumplir con el desalojo de ocho familias de la Comunidad Indígena de El Nogalito. La medida finalmente no se concretó ante la resistencia de la Comunidad y la falta de un agrimensor que permita realizar las mediciones para concretar la medida. El cacique de la Comunidad, Joaquín Perez remarcó la ilegalidad e irregularidad de la medida y denunció amenazas anónimas a él y su familia. Los representantes legales denuncian una nueva voilación a la ley que prohíbe los desalojos en territorios indígenas. El desalojo podría concretarse hoy viernes 25 de septiembre. CONTRAPUNTO.
Comunicado de Prensa
El día de ayer la Delegación provincial del INADI presentó un AMICUS CURIAE ante la Corte Suprema de Justicia de la Provincia en el marco de la causa que se tramita en contra de la Comunidad Indígena de Quilmes, que el pasado 17 de septiembre sufrió el desalojo de cuarenta de sus familias de las tierras que poseían ancestralmente.
PERSONERIA JURIDICA N° 441 RUTA NACIONAL N° 40 – KM 999
COMUNICADO
CONTRAPUNTO Prensa Alternativa
redaccioncontrapunto@gmail.com
Los Pueblos originarios en Argentina a través de nuestras organizaciones hemos trabajado una política comunicacional participando del debate de la ley de medios de la democracia que ingresó en la Cámara de diputados el pasado 27 de agosto que definimos como "Comunicación con identidad"
A través del Encuentro Nacional de Organizaciones de Pueblos Originarios, que nuclea a 26 organizaciones políticas por pueblos, que es nuestra forma de expresar nuestras nacionalidades y culturas ancestrales, hemos debatido las propuestas de modificación de la ley de medios y apoyamos la iniciativa del debate del proyecto del ejecutivo ya que responde a la propuesta presentada por el más amplios espectro de los sectores sociales de Argentina.
Tal vez esté de más aclarar, tal vez no, que como Pueblos con identidades culturales tenemos nuestros propios modos y medios de comunicación, que son una expresión de cosmovisiones diferentes a la occidental, por lo que son horizontales, no lucrativas, democráticas y necesariamente colectivas. En el presente somos 36 pueblos originarios que hablamos 16 idiomas diferentes al español, tenemos derechos humanos garantizados a nivel internacional y a nivel nacional, después de cientos de años de lucha la constitución nacional reconoce nuestros derechos. Somos sujeto de derecho público, lo que implica una serie de obligaciones al estado que debe responder con políticas públicas acordes a los derechos de participación y consulta de los Pueblos Originarios en todo el proceso.
La realidad en nuestros espacios territoriales no se corresponde con los derechos reconocidos, la gran brecha de implementación de estos derechos hoy se traduce en suma violencia, arremeten contra nosotros, nuestras culturas, nuestra tierra. Los desalojos, las industrias extractivas y la maldita soja hacen estragos en nuestras vidas, y en la de todos, pero somos continuamente invisibilizados por los medios de comunicación, nuestras voces son silenciadas, censuradas por lo que denunciamos como el colonialismo mediático, que sólo muestra una imagen estereotipada de nosotros, racista y eurocéntrica, cuando no está exaltando los valores de una sola cultura blanca y occidental.
O más recientemente, en que se han publicado notas vinculando a organizaciones mapuces con la guerrilla colombiana y vasca. Conjuntamente con la arremetida de los gobiernos provinciales en las comunidades, ejercen la violencia justificada en el profundo racismo para ocultar los intereses económicos que los motivan. La pelea de fondo en la discusión por revertir una Ley dictatorial de radiodifusión que encierra intereses poderosos y peligrosos es que peligra el control ideológico sobre la opinión pública. Las grandes corporaciones mediáticas no están dispuestas a soltar lo que durante décadas han manipulado y utilizado en beneficio de sus intereses económicos y políticos. Estos mismos monopolios informativos son los que presentan a la realidad de los Pueblos Originarios como "problemática indígena" o "conflicto indígena", diciéndole a la sociedad que la sola existencia de los pueblos originarios es un problema.
Hoy es urgente abordar las profundas desigualdades materiales a las que hemos llegado fruto de años de colonización e injusticias perpetradas aun en contra de nuestros derechos, como el acceso al trabajo remunerado, educación, salud y comunicación.
Los servicios de comunicación audiovisual y la participación en la sociedad de la información y el conocimiento, constituyen uno de los principales instrumentos mediante los cuales se ejerce el derecho a la identidad y a mantener y desarrollar los propios modelos culturales, el derecho a la autoorganización y el derecho a la participación en todos los asuntos que nos afecten. Estos servicios y esa participación nos permiten a los Pueblos Indígenas dar a conocer nuestra cosmovisión haciendo visible nuestra identidad y establecer vías de interacción con otros Pueblos.
Llegamos hasta las audiencias públicas tras haber participado en los 24 Foros realizados por el Comfer para el debate del anteproyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual qué se realizaron a lo largo y ancho del país.
A partir del anuncio del ante proyecto de ley en La Plata, hemos realizado 5 encuentros de comunicadores provenientes de las comunidades y pueblos indígenas con organización política y elaboramos la propuesta de que se nos contemple como una cuarta categoría de prestadores de servicios de comunicación, inclusión que esta expresada a través de un nuevo capítulo que ha sido incorporado.
El marco constitucional brinda fundamentación suficiente para constituir una nueva categoría de gestión de medios audiovisuales en cabeza de los pueblos y comunidades indígenas, en el entendimiento de que se trata de personas de derecho público no estatal con derechos a su propia organización y normativa y con grados de autonomía a determinar con el Estado Nacional y los estados provinciales
Esta comprensión de la comunicación indígena nos obliga a nutrirnos de aquellos elementos culturales y filosóficos, políticos y sociales, enraizados en la profunda historia de nuestros pueblos, con proyección de futuro como Pueblos Originarios en una Argentina hacia el Bicentenario que debe plantearse debates imprescindibles como es tener una ley de medios que exprese la comunicación en su sentido social, que refleje a sus pueblos, que aporte en la construcción de democratizar nuestras sociedades, que restituya la voz a los tantos siglos silenciados.
Matías Melillan/Comunicador del Encuentro de Org.de Pueblos Originarios (Confederacion Mapuce Neuquina)
Córdoba:
Exitosa reunión de todas las Facultades que rechazaron fondos de Minera Alumbrera.
Pertenecen a cinco universidades nacionales de Argentina.
El encuentro fue organizada por la Facultad de Psicología de la
Universidad Nacional de Córdoba.
Producen duro documento de ocho puntos donde se propone, entre otros, que las universidades públicas y el Consejo Interuniversitario Nacional aprueben códigos de ética para impedir la repetición de casos como Alumbrera y al mismo tiempo transparenten el financiamiento.
Consideraron importante "el control social de las universidades".
Anunciaron que difundirán los nombres de quienes votaron éticamente rechazando los fondos,
y de quienes los aceptaron".
FUNAM lanzó el blog
noafondosalumbrera.blogspot.com
Del encuentro también participaron pobladores de Andalgalá afectados por la minera
y miembros de la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC), de la Asamblea de Esquel y
de ONGs, entre ellas FUNAM.
Ratificaron la necesidad de que se multipliquen los "rechazos éticos"
y confirmaron, a través de la intervención de varios especialistas,
el inaceptable impacto ambiental y social que produce minera Alumbrera.
Córdoba (Argentina), septiembre 9 de 2009. La Fundación para la defensa del ambiente (FUNAM) difundió los resultados obtenidos durante la "Primera Reunión Nacional de Facultades y unidades académicas que rechazaron los fondos de Minera Alumbrera" realizada en la ciudad de Córdoba ayer 8 de septiembre.
Ese mismo día FUNAM lanzó públicamente su blog noafondosalumbrera.blogspot.com para apoyar "la rebeldía ética que crece y se propaga por universidades públicas de todo el país".
El encuentro, que fue calificado de "exitoso" por los participantes y la numerosa concurrencia a la mesa redonda, fue organizado por la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba, la primera en rechazar este año los fondos de la minera. Estuvo coordinado por el Dr. Raúl Montenegro, profesor titular de Biología Evolutiva en la Facultad de Psicología y premio Nóbel Alternativo 2004.
Tras las palabras de bienvenida de la decana de la Facultad de Psicología, Lic. Patricia Altamirano, que participó de todas las deliberaciones, se realizó un taller de trabajo y la mesa redonda abierta al público. Es la primera vez que se reúnen todas las facultades y unidades académicas de universidades nacionales que rechazaron los fondos procedentes de YMAD. Estuvieron presentes representantes de la Facultad de Ciencias Sociales (Universidad de Buenos Aires); Facultad de Ingeniería, Facultad de Trabajo Social y Facultad de Ciencias de la Educación (Universidad Nacional de Entre Ríos); Facultad de Humanidades (Universidad Nacional de Salta); Sede Esquel de la Universidad de la Patagonia San Juan Bosco y las facultades de la Universidad Nacional de Córdoba.
También participaron pobladores de Andalgalá afectados por la minera y miembros de la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC), de la Asamblea de Esquel y de ONGs, entre ellas FUNAM.
Los representantes docentes, no docentes y estudiantes de las distintas facultades y unidades académicas produjeron un duro documento público de ocho puntos que será enviado a todas las universidades públicas [se incluye abajo].
En el punto 1 del documento las facultades y unidades académicas se solidarizan "con todas las comunidades que sufren los efectos negativos de Minera Alumbrera Limited en Catamarca, Tucumán y Santiago del Estero". Su punto 3 en tanto denuncia que "al clientelismo de gobierno y al clientelismo de empresa se ha agregado el clientelismo de universidad favorecido por la aceptación de los recursos aportados por YMAD-Alumbrera".
Una de las propuestas más contundentes está contenida en el punto 4. Propone que el Consejo Interuniversitario Nacional y todas las universidades públicas "aprueben Códigos de Ética en base a las propuestas que elaboren las facultades y otras unidades académicas para que casos como el de Alumbrera no se repitan, y sirvan para transparentar el financiamiento de las universidades públicas". Para que este proceso sea público el documento propone "la realización de Asambleas Universitarias que garanticen la participación de toda la comunidad universitaria y otros actores sociales".
Los participantes del encuentro consideraron como altamente positivo un mayor control social de las universidades y decidieron "hacer público a nivel local, provincial y nacional los nombres de los miembros de Consejos Directivos y de Consejos Superiores que hubieran emitido votos no éticos al apoyar la recepción de los fondos de Alumbrera". También acordaron difundir "los nombres de quienes, por el contrario, rechazaron los aportes de YMAD y votaron éticamente a favor de quienes sufren los impactos ambientales y sociales" de la mina.
Los participantes ratificaron la necesidad de que se multipliquen los "rechazos éticos" y confirmaron, a través de la intervención de varios especialistas, el inaceptable impacto ambiental y social que produce minera Alumbrera.
DECLARACIÓN
Primera Reunión Nacional de Facultades y otras unidades académicas
que rechazaron los fondos de Minera Alumbrera
Facultad de Psicología, Universidad Nacional de Córdoba
8 de septiembre de 2009
1) Solidarizarnos con todas las comunidades que sufren los efectos negativos de Minera Alumbrera Limited en Catamarca, Tucumán y Santiago del Estero, y hacerles llegar el apoyo de las distintas facultades y unidades académicas que ya rechazaron los fondos de Alumbrera, y de quienes están trabajando para que nuevas facultades se sumen a este repudio académico.
2) Ratificar el rechazo de los fondos aportados por YMAD-Alumbrera a las universidades públicas y multiplicar los rechazos en facultades y unidades académicas, y que se abra el debate en aquellas universidades cuyos Consejos Superiores ya aceptaron los aportes de YMAD.
3) Denunciar que al clientelismo de gobierno y al clientelismo de empresa se ha agregado el clientelismo de universidad favorecido por la aceptación de los recursos aportados por YMAD-Alumbrera.
4) Propiciar que el CIN, todas las universidades nacionales y sus Consejos Superiores aprueben Códigos de Ética en base a las propuestas que elaboren las facultades y otras unidades académicas para que casos como el de Alumbrera no se repitan, y sirvan para transparentar el financiamiento de las universidades públicas. A los fines de garantizar este proceso se propone la realización de Asambleas Universitarias que garanticen la participación de toda la comunidad universitaria y otros actores sociales. Con este propósito proponemos un modelo de Código que puede servir de base para su elaboración.
5) Hacer público a nivel local, provincial y nacional los nombres de los miembros de Consejos Directivos y de Consejos Superiores que hubieran emitido votos "no éticos" al apoyar la recepción de los fondos de Alumbrera. Igualmente, hacer conocer los nombres de quienes, por el contrario, rechazaron los aportes de YMAD y votaron éticamente a favor de quienes sufren los impactos ambientales y sociales de Alumbrera.
6) Condenar las actividades mineras de Alumbrera Limited en las provincias de Catamarca, Tucumán y Santiago del Estero por distorsionar los tejidos sociales de muchas comunidades con actividades económicas golondrina; causar enfermedades; consumir grandes cantidades de agua y energía eléctrica; consumir volúmenes excesivos de aguas subterráneas que son únicas e irreemplazables; trasvasar cuencas hídricas; dañar en forma irreversible ambientes geológicos de montaña; contaminar el aire, el agua, el suelo y las personas con derrames ácidos mineros y otros contaminantes procedentes de las actividades de extracción de cobre, oro y demás minerales; derramar concentrados de mineral altamente tóxicos durante las roturas del mineraloducto que une Catamarca con Tucumán; contaminar las aguas del canal DP2 y la cuenca del río Salí-Dulce desde la planta de secado de Alumbrera, y por último, vaciando de minerales nuestras montañas y dejando a cambio gigantescos depósitos de residuos. Declaramos que Alumbrera es punta de lanza de un genocidio silencioso que se agrava, lamentablemente, con la recepción de los fondos de YMAD.
7) Generar desde las Facultades y unidades académicas que rechazaron los fondos de Alumbrera, y desde aquellas que comparten la lucha de las comunidades afectadas por sus actividades, formas de apoyo académico que respalden sus luchas, por ejemplo con declaraciones, proyectos de investigación, asistencia técnica y difusión.
8) Dejar constituido el Grupo de Trabajo integrado por miembros de las Facultades, y unidades académicas que se oponen a la recepción de los fondos aportados desde YMAD-Alumbrera, ello con el propósito de multiplicar nuevos repudios, y generar ámbitos de rechazo en otros sectores de la sociedad.
Zulema Marcial
Comunidad India Quilmes
COMUNIDAD INDIA QUILMES
PERSONERIA JURIDICA N° 441 RUTA NACIONAL N° 40 – KM 999
COMUNICADO
La CIQ (Comunidad India Quilmes) comunica que la asociación civil Araos Hnos. decidió no presentarse a la mediación propuesta por la Corte suprema de justicia de Tucumán, a los fines de buscar alternativas de solución sobre el caso de desalojo de 40 familias integrantes de nuestra comunidad en la localidad de Colalao del Valle,
Por esta razón el expediente vuelve a su estado anterior, quedando en manos del juez local Salazar ejecutar el desalojo en los próximos días.
La arbitrariedad del Juez Salazar, (quien viene desempeñando funciones desde hace muchos años y que durante el proceso militar apoyo a los terratenientes del lugar en el secuestro de animales, arrebato de la producción, quema de cercos y acciones de desalojo en contra de nuestras familias), confirma su animosidad en contra de nuestra comunidad, al reducir el conflicto a una mera contienda individual, a pesar de conocer la existencia de la CIQ como sujeto de derecho.
Este fallo, confirmado por el juez de Documentos y Locaciones Dr. Juan Carlos Peral, niegan la existencia del pueblo Diaguita del cual es integrante nuestra comunidad y violan la Ley Nacional Nº 26160 que ordena, entre otras cuestiones, la suspensión de la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos cuyo objeto sea el desalojo de las comunidades indígenas de sus tierras comunitarias tradicionales.
Solicitamos la solidaridad de personas e instituciones para evitar esta injusticia mandando cartas de repudio a esta medida a:
-PRESIDENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE TUCUMÁN
Doctor: ANTONIO GANDUR. Teléfono: 03814248000, interno 377
Juez de Paz de Colalao del Valle Sr Adolfo Salazar: (Colalao del Valle, (CP 4141). provincia de Tucuman
-SECRETARIO DE DERECHOS HUMANOS DE TUCUMÁN DOCTOR DANIEL POSSE Te. 03814844000 Interno 337
-MINISTRO DE GOBIERNO Y JUSTICIA DOCTOR EDMUNDO JESUS JIMENEZ
25 de Mayo 90 - San Miguel de Tucuman Telefono: 4844000 - Int. (513)
-MINISTERIO DE SEGURIDAD CIUDADANA Doctor MARIO ALBERTO LOPEZ HERRERA,
Dirección: 25 de Mayo 90- San Miguel de Tucumán Teléfono: 4844000 - Int. (431 - 492)
E-mail: seguridad tucuman.gov.ar
-INADI DELEGACIÓN TUCUMÁN DELEGADA: LIC. GRACIELA CÁRDENAS
Dirección: Avda. Gobernador del Campo 9 Ciudad de Tucumán
Teléfono Local: (0381) 430 7397 e-mail: tucuman@inadi.gob.ar
CONSEJO DE DELEGADOS CACIQUE
Síntesis de la Asamblea en Comunidad de El Nogalito.
22 de Agosto de 2009, Comunidad de El Nogalito.-
Participantes del Equipo Re.Te.C.I.
CPI: David Sanche / Santiago Mamaní / Joaquín Pérez / Simón Pérez.
Promotores: Marta Álvarez / Rufino Morales / Horacio Ayala / Patricio Pérez / Rafael Marcial.
Integrantes en el ETO: Margarita Mamaní / Antonio Caro/ Rosalino Ragido.
INAI: Federico Casinelli.
Ausentes: -----
Para ella fueron invitados comuneros locales y también las familias que se auto reconocen de la Comunidad de Potrero de las Tablas. Al respecto la convocatoria fue satisfactoria.
Se acercaron familias completas con movilidad propia y otras por medio de una camioneta a disposición de la comunidad contratada para tal fin.
Así le concedió la palabra a los caciques presentes y a los CPI.
Todos coincidieron en que este es un momento de alegría por este inicio tan esperado, en la importancia de acompañar este proceso y participar activamente, de comprometerse con la causa indígena y de acompañar a las comunidades a medida que se avance en el Relevamiento.
Presentó a los integrantes del ETO, explicó detalladamente en qué consiste la labor de cada Área y cuál será la tarea de cada uno de los profesionales.
Hizo una breve reseña histórica del Proceso que implicó llegar a este momento en referencia al Re.Te.C.I. destacándolo como momento histórico.
Así le dio la palabra al Coordinador del Área Legal, Horacio Flores (y posteriormente a su segundo Hugo Gómez) quien se adentró en la implicancia legal de este proceso.
Así fueron tomando la palabra los distintos referentes del ETO, explicando su función, los objetivos específicos de las tres Áreas y en qué consiste el resultado esperado.
Esto estuvo apoyado en una proyección realizada en soporte digital.
Esto permitió que la Coordinadora le otorgue la palabra a Federico Casinelli quién habló en dos sentidos; por un lado aclarar que este Relevamiento es un paso más en la lucha por el reconociemiento de las comunidades y sus tierras, y que por ende esta Ley no soluciona una situación en particular sino que otorga una carpeta técnica a cada comunidad para que pueda elaborar una estrategia legal y pelear por la propiedad comunitaria. Y por el otro habló sobre la importancia del Área de Desarrollo del INAI y de los Programas que está llevando adelante en las comunidades, fundamentalmente para hacer hincapié en que son las propias comunidades las que deben comprometerse y elaborar las propuestas, y que éstas deben estar en función de sus necesidades pero también de la estrategia política que cada comunidad tenga. Es decir, profundizar el desarrollo comunitario como estrategia de mayor afianzamiento territorial.
Esta ha quedado consensuada de la siguiente manera:
Las comunidades que figuran juntas, significa que dado que la voluntad colectiva es avanzar prontamente en la etapa de difusión para poder adentrarse en el Relevamiento en sí mismo, por lo que se ha propuesto desde Equipo Re.Te.C.I. que se realicen asambleas simultáneas, es decir que el ETO se divida en dos para poder realizarse.
Posteriormente a esto se ha producido una fuerte discusión entre el CPI David Sanche y Viviana Cote. El CPI en una primera instancia se manifestó disconforme con decisiones inconsultas por parte de la Coodinadora, puntualmente respecto de modificaciones realizadas por el ETO en relación a la agenda consensuada por todos y también por la falta de centralización de la información que debería ser hacia los CPI y la Coordinadora en ocasiones lo hizo a través de Promotores. En este punto se ha llegado a acuerdo entre todos dando a lugar al reclamo de Sanche, y estableciendo que los interlocutores son los CPI y de ser cuidadosos con los mecanismos representativos de todos los participantes activos del Programa. Para esto se ha planteado la necesidad de que la Coordinadora y los CPI tengan un espacio de debate y organización periódico.
En una segunda instancia la discusión se ha vuelto más áspera en torno a la elaboración del material de difusión. David Sanche planteó que este debería ser realizado por Guaraz, quien ha colaborado con las comunidades en diferentes oportunidades. Viviana Cote manifestó que el presupuesto era demasiado costoso en comparación con los otros presentados al ETO y planteó la necesidad de comparar tres trabajos y tres presupuestos diferentes para quedarse con el mejor argumentando garantizar la transparencia de la elección y la administración de los recursos.
Ante las encendidas manifestaciones que se plantearon no se ha podido arribar a consenso por lo que ha quedado una reunión programada entre los CPI y la Coordinadora Cote para el próximo martes 25 de Agosto en la Unidad de Negocios para resolver esto y definir temas pendientes para entre todos poder llegar a un acuerdo, limar asperezas y encontrar un camino de diálogo bien intencionado y con voluntad de consenso en pos de fortalecer el desarrollo del Programa priorizando la voluntad de las comunidades indígenas.