BIENVENIDOS AL SITIO DE LA UNIÓN DE LOS PUEBLOS DE LA NACIÓN DIAGUITA

Afirmando, que como Pueblos Indígenas somos iguales a todos los demás pueblos en cuánto a dignidad y derechos, reconociendo al mismo tiempo el derecho de todos los pueblos a ser diferentes, a considerarse a sí mismos diferentes y a ser respetados como tales.

viernes, 1 de julio de 2011

"PREOCUPACIÓN POR LA SITUACIÓN DE VULNERACIÓN DE NUESTROS DERECHOS"

Asi lo expresa un documento elevado por los Caciques diaguitas al Presidente el INAI. Las autoridades tradicionales se reunieron el 1 de julio pasado para tratar entre otros temas, la marcha del relevamiento territorial en las provincias de Tucumán y Catamarca.

Almuerzo al promediar la jornada

En la primera de ellas, es inminente la reanudacion en tanto que en Catamarca el malestar de los Caciques fue notorio. Al respecto manifestaron que la lentitud en la implementacion del relevamiento tiene que ver con la presion que la mineria a cielo abierto esta realizando.









Por otra parte, los Caciques de las Comunidades en Tucuman sostuvieron que la criminalizacion de los reclamos y la persecución de sus comuneros en particular en el Valle de Trancas es intenso.

Se reproduce a continuación Documento presentado.

Julio 01 DE 2.011

Al Sr. Presidente
Instituto Nacional de Asuntos Indígenas
Daniel Fernández:

Los Pueblos Originarios enmarcados en la Unión de Pueblos de la Nación Diaguita (Catamarca y Tucumán) nos dirigimos a Ud. para hacerle conocer nuestra profunda preocupación por la situación de vulneración de nuestros derechos, constitucionalmente reconocidos, por parte del Estado Provincial principalmente por el Poder Judicial de Tucumán.

La lucha de los Originarios por el reconocimiento de nuestros derechos es larga y ha sido abonada con nuestra sangre.

Años atrás resultaba práctica común la opresión de los terratenientes de la mano de la policía y los jueces de paz quemando nuestros cercos, arrebatando nuestros pocos animales y nuestras escasas producciones de fruta, maíz, quesos y todo lo que sustentaba diariamente a nuestras familias.

Estas prácticas para nuestros pueblos no fueron nuevas, solo fueron la reiteración de una sistemática violación de nuestros derechos que se instaló en nuestro pueblo y en toda América desde 1492.

El Estado Argentino ha tomado nota de nuestra realidad y ha empezado a reconocer y a garantizarnos nuestros derechos a través de Tratados Internacionales y reconocimiento expreso de normas constitucionales.

Así el art. 75 inc 17 de la Constitución Nacional y el 149 de la Constitución de Tucumán nos han reconocido como sujetos de derecho y nos han garantizado que el Estado Argentino respetará nuestros derechos.

Pero vemos que esta declamación de justicia en la realidad no existe.

Vemos que el genocidio iniciado hace 5 siglos tiene continuidad con plena vigencia en nuestros días y se materializa en el asesinato del hermano Javier Chocobar a manos de ex represores de la dictadura militar y de los violentos desalojos desatados en contra de nuestras comunidades y las amenazas de muerte a nuestros dirigentes y comuneros, generando daños irreparables tanto físicos, como económicos y psicológicos en nuestra población.

A los autores ideológicos y materiales de estas violaciones que tienen nombre y apellido no se conocen castigos y nuestros reclamos ante la justicia basados en el derecho que nos ampara no tienen eco favorable en la mayoría de los casos.

Así, el Poder Ejecutivo de la Provincia no ha diseñado ninguna política que permita el pleno ejercicio y la garantía de respeto hacia nuestros derechos.

El Poder Judicial se ha transformado en la mano ejecutora de los terratenientes y de los opresores.

Ninguno de los jueces de Tucumán, incluidos los integrantes de la Corte Suprema, ha respetado la ley 26.160.

Esta ley es clara con respecto a la prohibición de desalojos, sean administrativos o judiciales, pero resulta que este texto no existe para los jueces tucumanos.

Es sistemática la actitud de la justicia tucumana en proteger a los terratenientes y castigar a los Pueblos Originarios. La causa caratulada “Camacho Rubén Gerardo s/ Usurpación” es un claro ejemplo de ello: Dictando sentencia cautelar en esta causa la Jueza Emma Lidia De Nucci ha violado la Ley 26.160, luego la Cámara de apelaciones en lo penal de instrucción en sentencia firmada por sus tres integrantes y finalmente la Corte Suprema de Tucumán en sentencia de fecha 29 de Diciembre de 2.010 al convalidar la actuación de la jueza De Nucci, convirtiendo en letra muerta los derechos que la constitución nos ha garantizado y especialmente la clara manda de la Ley 26.160.

Esta invisibilidad de la letra de la Ley 26.160 por parte de los jueces tucumanos, se repite en causas contra los comuneros y autoridades tradicionales de los hermanos de Quilmes, Tolombon, Casas Viejas, Lule, El Mollar, Solco Yampa, La Angostura, Tafí del Valle, Chuschagasta, Indio Colalao, Amfama etc. En fin, en todas las Comunidades Originarias de Tucumán.

Resulta recurrente por parte de los terratenientes la interposición de denuncias falsas en contra de nuestros hermanos. Denuncias que aparentan ser “delitos Comunes” (amenazas de muerte, robo de ganado, asociación ilícita, etc.) y que sin sustento jurídico suficiente son rápidamente tramitadas por el fuero penal, incluso con la “orden de comparendo por la fuerza pública” sin razón legal suficiente. Mientras que las denuncias que nosotros interponemos duermen el “sueño de los justos”.

Incluso nuestros abogados son denunciados ante su Colegio.

Así, el estado como garante de la seguridad y bienestar de sus ciudadanos no está aplicando eficazmente a través de sus instituciones los instrumentos que garantizan nuestros derechos colectivos y en muchos casos son esas instituciones las que los violan en forma natural puesto que aun cumplen el mandato fundacional de una republica para las elites, olvidando que esta visión de republica no solo es retardataria y anacrónica sino que está siendo combatida por los luchadores que a nivel nacional demostraron que otra sociedad es posible.

Convencidos que esta sociedad más justa debemos construirla entre todas las fuerzas democráticas y pluralistas, denunciamos que la no aplicación de derechos que nos amparan sumados al asesinato y persecución a nuestros dirigentes ocurre de manera cotidiana en Tucumán: la Justicia de la provincia sigue dictando sentencias de desalojo a pesar de la vigencia de la Ley 26160 (y su prorroga la Ley 26.554) que ordena la suspensión de los desalojos en territorios indígenas; lo hace utilizando argumentos dispares para cada caso de manera premeditada para no aplicar la ley mencionada; utilizando argumentos inconstitucionales introducidos en los Códigos de Procedimientos de Tucumán por abogados terratenientes (lanzamientos anticipados).

Casos como el asesinato de Javier Cristóbal Chocobar, impune y ejecutado por represores de la dictadura militar; la detención del Cacique de la Comunidad Solco Yampa, inventada para perseguirlo y que tiene como cómplices a un empleado de la justicia, a un Fiscal y a un Juez de los Tribunales de Concepción; el desalojo de hecho del comunero Benito Toledo en Riarte Norte, (Dpto. Trancas), ejecutado por la policía local que “recibía” órdenes de un terrateniente, acto que fuera observado el Juez de Paz de Trancas el cual se limito a mirar cómo policías y terrateniente sacaban las pertenencias del compañero Toledo desalojándolo con este acto; las más de 70 causas iniciadas por “usurpación” contra nuestros hermanos, “usurpación” de las tierras que siempre hemos ocupado, donde nacimos nosotros, nuestros padres, nuestros abuelos.

EXIGIMOS AL ESTADO, PERSONIFICADO EN SUS TRES PODERES, EL RESPETO A NUESTROS DERECHOS Y EL RESPETO A LAS LEYES QUE LOS RECONOCEN. EXIGIMOS EL REINICIO INMEDIATO DEL RELEVAMIENTO TERRITORIAL EN TUCUMAN Y CATAMARCA EL CUAL FUERA SUSPENDIDO HACE MESES, TIEMPO EN EL CUAL OCURRIERON LAS PERSECUCIONES Y LESIONES A NUESTROS DERECHOS DENUNCIADAS EN EL PRESENTE DOCUMENTO.

En el conocimiento que el I.N.A.I. es el nexo de unión entre los Pueblos Originarios y la política pública del Estado Argentino, es que solicitamos dé conocimiento a las más altas autoridades del Gobierno Nacional sobre lo aquí denunciado e intervenga ante las autoridades Provinciales.

Por nuestros Héroes Mártires y Titaquines.

Ama Suwa, Ama Llulla, Ama Quella

JALLALLA PACHAMAMA

1 comentario:

ale san martin dijo...

mari mari peñi,nuestro saludos desde catamarca ,minombre es alejandro san martin junto a mi familia estamos en posecion de un espacio de tierra,a orillas del rio el tala,km.22,para el desarrollo organico de nuestras vidas y la de nuestros hijos hace tres años, y es impresionante los violentos actos de discriminacion que estamos padeciendo, el pasado 2 de julio nos quemaron por cuarta vez nustra casa,dejandonos otra vez enla nada. somos trabajadores agricultores tenemos el derecho ancestral de desarrollarnos dentro de nuestra cosmovision vivir en paz enla tierra .el responsable de estos impunes actos es el señor ramon garriga empresario ligado a negocios inmobiliarios en la region ligado a la sociedad rural y ligado a la iglesia amparado por el fiscal walther familiar de catalina kraff todos estos terratenientes siguen como hace mas de 500 años queriendo destruir nuestra andinidad .hoy mas que siempre con todo el espiritu de amor hacia nuestra madre los hijos del sol estamos de pie retomando las terrasas de cultivo que nuestros antepasados nos legaron asi recuperando la espiritualidad asi recuperando la libertad.sentimos la nacesidad de hacerles llegar nustra situacion y acompañar en esta tarea de la unidad de los pueblo en recuperacion de los derechos ancestrales
tel.0383315374930