En el marco del Bicentenario de la Revolución de Mayo, la Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita expresamos que:
- Es este acontecimiento para los Pueblos Originarios un tiempo especial para fortalecer el proceso colectivo de recuperación de nuestra memoria histórica como país, dado que a lo largo de estos últimos 200 años nuestros pueblos han sufrido la explotación y despojo, tanto de sus territorios como de sus derechos, desde un Estado Nación que, desde sus orígenes, se construyó como respuesta a los intereses de sectores vinculados a la acumulación de capital.
- Revalorizamos la lucha de muchos que, sin pertenecer a los Pueblos Indígenas pero sabiendo de la necesidad de construir un país que incluya a todos en igualdad de derechos, han sido leales a la línea revolucionaria de Mayo iniciada por Moreno, Artigas, Belgrano, San Martín y muchos otros cuyos nombres no trascendieron. Para estos revolucionarios la lucha libertadora era concebida como lucha a nivel continental.
- Es importante recordar que los Pueblos Indígenas fueron los precursores de la lucha por la independencia, la cual se inició como resistencia a la invasión hispánica, ocupando un lugar histórico particular las Guerras Calchaquíes en el noroeste.
- La conformación del Estado argentino con la Constitución de 1853-1860 es la primacía de la línea de exclusión y genocidio de los Pueblos Originarios, la de Mitre, Sarmiento, Roca- por sobre la línea revolucionaria de Mayo.
- La lucha de los Pueblos Originarios impulsó un cambio de paradigma que se plasmó en la reforma constitucional de 1994 que reconoce la preexistencia de los Pueblos Indígenas argentinos. Se establece de esta forma un pacto de convivencia entre los Pueblos Indígenas y el Estado que exige desarrollar las condiciones de posibilidad de la vida común en una sociedad pluralista.
- Los gobiernos de la nefasta década del 90 implementaron el modelo económico neoliberal que significó para nuestros pueblos la consolidación del despojo de derechos, la explotación irracional de recursos, la persecución política, la criminalización de las luchas, y un empobrecimiento general.
- En este último tiempo político, la permanente participación y lucha de los Pueblos Indígenas, así como el fortalecimiento de sus organizaciones territoriales, ha hecho posible que este gobierno sancione la Ley 26.160, la Ley de Bosques Nativos, el inicio del Relevamiento Territorial de las comunidades, la inclusión de nuestra participación dentro de la ley de medios, entre otras conquistas.
- Frente a estos logros de la lucha, los enemigos históricos de nuestros pueblos, en algunos casos con la abierta complicidad política de gobiernos locales y jueces, han profundizado y agravado sus ataques mediante el desalojo de comunidades de sus territorios ancestrales, detenciones violentas y privaciones de la libertad, destrucción de bosques nativos y demás recursos naturales, contaminación de las aguas, torturas físicas y psicológicas, discriminaciones, llegando incluso al asesinato, como el de nuestro hermano Chocobar a manos de un terrateniente un 12 de octubre.
- El Bicentenario de Mayo debe ser la posibilidad de construir un nuevo Estado pluricultural, inclusivo, plurinacional, con redistribución de la tierra y de la riqueza, con la restitución de la palabra pública a los Pueblos Originarios, con la revaloración de nuestra historia, garante de los derechos humanos de todos y todas.
Por todo lo expresado, quienes tienen la responsabilidad histórica hoy, de conducir este Estado que pretende proyectarse hacia el futuro como un Estado popular y con justicia social, que supo recuperar la memoria de muchos argentinos, debe consolidar un proceso iniciado con un compromiso que garantice para los Pueblos Indígenas una verdadera reparación histórica que se expresa a través de:
- Reglamentación del Derecho al Libre Consentimiento Informado Previo.
- Efectivizar nuestros derechos posesorios ancestrales, en base al Relevamiento Técnico, Jurídico Catastral que surge de la implementación de la Ley 26.160; la cual tiene hoy una vigencia parcial dado el incumplimiento de la misma por parte de algunos gobiernos provinciales y jueces.
- Que la Justicia Federal se declare competente ante las causas que se hallen relacionadas con comunidades indígenas, desde el momento en que la base del reconocimiento jurídico de nuestros derechos surge de la Constitución nacional y el compromiso del país ante Tratados internacionales.
- Que se efectivice y agilice el mecanismo de transferencia de tierras fiscales a comunidades indígenas en cumplimiento de leyes nacionales.
- Derogación del Código Minero, y la genuina protección de los recursos naturales, acuíferos y bosques nativos.
- Creación de un Fondo de Reparación Histórica.
- Dar rango de ministerio al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas con facultades para hacer respetar el CPI y para articular en forma transversal con otras áreas del Estado que tengan políticas para Pueblos originarios.
- Reconocimiento y Fortalecimiento de la Educación Indígena Autónoma de los Pueblos Originarios.
- Crear una Universidad Autónoma Indígena con planes de formación de conocimientos ancestrales, culturas, historias, costumbres, espiritualidad.
El Mollar; Territorio Diaguita; 03/04/2010
Fuente: Union Diaguita
No hay comentarios:
Publicar un comentario