EL PODER JUDICIAL DE TUCUMÁN NIEGA EL ACCESO A LA JUSTICIA A LA COMUNIDAD INDIA QUILMES EN EL CASO COLALAO DEL VALLE
La recurrente decisión de desalojar a los miembros de la Comunidad India Quilmes en Colalao del Valle tiene su origen en el desconocimiento liso y llano del derecho de la CIQ a ocupar su territorio. La ultima intención de desalojar (la cual hubiera ocurrido el jueves 17 de diciembre pasado) aun está pendiente, manteniendo alerta y movilizados a sus comuneros, podría ser ejecutada por que no se hizo lugar a la petición de la Comunidad de ser considerada como tercero interesado: la sentencia del 09 de diciembre pasado dictada por el Juzgado Civil en Documentos y Locaciones de la IIIª Nominación, por la cual se confirmó la resolución del juez de Paz de la Localidad de Colalao del Valle, no hace lugar a la solicitud de la CIQ.
El asesor legal Daniel Carlorosi explicó que se interpuso Recurso de Inconstitucionalidad en contra de dicha sentencia que frenó el desalojo momentáneamente. El letrado agregó además que con esta decisión queda en evidencia la actitud del Juzgado de negar el derecho Constitucional de Peticionar ante las autoridades, reconocido en la C N. Art. 14, al no ser reconocidas las familias desalojadas como miembros de la Comunidad; y, de esta manera, se los sustrae de la aplicación de la ley 26.160. Se cercena así un derecho adquirido y fundamental de la Comunidad Indígena a su reconocimiento preexistente y de acceder a los Tribunales de Justicia para defender sus derechos sobre la tierra.
En síntesis, los miembros de la CIQ son atacados, desalojados, por acciones judiciales y además la justicia no quiere escuchar a la organización que los representa.
El resultado de este doble desconocimiento, como derecho humano fundamental y como medio que permite el reestablecimiento del ejercicio de aquellos derechos desconocidos o quebrantados, es la zozobra permanente de las humildes familias involucradas.
De acuerdo a la legislación invocada en el recurso de inconstitucionalidad presentado, es el Estado, quien tiene la obligación positiva de remover los vastos factores sociales, económicos, culturales y/o funcionales, que obstaculizan el ejercicio de estos derechos. Pero esa obligación no solo no esta siendo cumplida por el estado tucumano sino que, en esa región del Valle Calchaquí, está haciendo todo lo contrario a lo que signifique “remover los vastos factores sociales, económicos, culturales y/o funcionales, que obstaculizan el ejercicio de estos derechos”; está promoviendo sostenidamente el desembarco de “pioneros” de la producción vitivinícola y el servicio turístico, los cuales no son más que funcionarios políticos advenedizos que usan el aparato del estado tucumano para usurpar territorio, recursos naturales e intangibles del Pueblo Quilmes. Una de las pruebas se encuentra a menos de 30 Km. al sur de Colalao, “Allí, en el medio de la nada, se erige la nave insignia de los emprendimientos vitivinícolas tucumanos,… La bodega de Jorge Posse tiene además 40 hectáreas de vid, 80 de nogales y no está sola: otros emprendedores desafían la hostilidad del terreno. A pocos kilómetros, sobre el Bañado, en la misma ruta 40, está la hostería de Roberto Carro que al fondo tiene plantaciones de torrontés y malbec. La hostería ofrece cómodas instalaciones a 160 pesos la noche. El emprendedor junto a otros productores conforman la cooperativa Trassoles, que desde el Tolombón producen el vino que lleva ese nombre. La bodega, al igual que la tucumana Chico Zossi, trabaja con los productores locales bajo el régimen de maquila. El 70 por ciento para el productor y el resto para el bodeguero. Allí concurren productores como Sergio Obrist, Alfredo Montalbán y Oscar Longo a entregar su cosecha. De esa forma trabajaba ya la primera bodega de Amaicha, de la familia Segura, que trajo junto a Michel Torino en 1918 las primeras barricas al Valle Calchaquí. La familia Penna, afincada ya hace años con sus viñedos en Colalao, apura el trámite y construye en estos momentos su bodega propia. Son muchos los emprendedores que serpentean los valles tucumanos en busca del sueño americano del vino, familias pioneras de la zona e inversores extranjeros ponen sus fichas en este paño de tierra desolado…" >> Estas, son palabras del Secretario de Innovación y Desarrollo Tecnológico de Tucumán.
Algunos de los nombres mencionados, como lo venimos sosteniendo, no son empresarios genuinos, sino funcionarios del estado provincial y nacional, tal es el caso de Alfredo Montalván, Secretario de Medio Ambiente de la provincia y la familia cuyo representante es asesor en el ministerio de Salud de la Nación designado como tal, mediante decreto PEN 845/2009.
Estas son las razones del ninguneo legal que experimenta la Comunidad India Quilmes en este caso y que es la muestra patente de que para avanzar en la lucha por la recuperación del territorio se debe tener bien en cuenta lo que hacen funcionarios estatales quienes sin duda alguna están pagados por aquellos ciudadanos argentinos sin poder ni vinculaciones con las burguesías parasitas con que se construyó el estado en toda Abya Yala.
El asesor legal Daniel Carlorosi explicó que se interpuso Recurso de Inconstitucionalidad en contra de dicha sentencia que frenó el desalojo momentáneamente. El letrado agregó además que con esta decisión queda en evidencia la actitud del Juzgado de negar el derecho Constitucional de Peticionar ante las autoridades, reconocido en la C N. Art. 14, al no ser reconocidas las familias desalojadas como miembros de la Comunidad; y, de esta manera, se los sustrae de la aplicación de la ley 26.160. Se cercena así un derecho adquirido y fundamental de la Comunidad Indígena a su reconocimiento preexistente y de acceder a los Tribunales de Justicia para defender sus derechos sobre la tierra.
En síntesis, los miembros de la CIQ son atacados, desalojados, por acciones judiciales y además la justicia no quiere escuchar a la organización que los representa.
El resultado de este doble desconocimiento, como derecho humano fundamental y como medio que permite el reestablecimiento del ejercicio de aquellos derechos desconocidos o quebrantados, es la zozobra permanente de las humildes familias involucradas.
De acuerdo a la legislación invocada en el recurso de inconstitucionalidad presentado, es el Estado, quien tiene la obligación positiva de remover los vastos factores sociales, económicos, culturales y/o funcionales, que obstaculizan el ejercicio de estos derechos. Pero esa obligación no solo no esta siendo cumplida por el estado tucumano sino que, en esa región del Valle Calchaquí, está haciendo todo lo contrario a lo que signifique “remover los vastos factores sociales, económicos, culturales y/o funcionales, que obstaculizan el ejercicio de estos derechos”; está promoviendo sostenidamente el desembarco de “pioneros” de la producción vitivinícola y el servicio turístico, los cuales no son más que funcionarios políticos advenedizos que usan el aparato del estado tucumano para usurpar territorio, recursos naturales e intangibles del Pueblo Quilmes. Una de las pruebas se encuentra a menos de 30 Km. al sur de Colalao, “Allí, en el medio de la nada, se erige la nave insignia de los emprendimientos vitivinícolas tucumanos,… La bodega de Jorge Posse tiene además 40 hectáreas de vid, 80 de nogales y no está sola: otros emprendedores desafían la hostilidad del terreno. A pocos kilómetros, sobre el Bañado, en la misma ruta 40, está la hostería de Roberto Carro que al fondo tiene plantaciones de torrontés y malbec. La hostería ofrece cómodas instalaciones a 160 pesos la noche. El emprendedor junto a otros productores conforman la cooperativa Trassoles, que desde el Tolombón producen el vino que lleva ese nombre. La bodega, al igual que la tucumana Chico Zossi, trabaja con los productores locales bajo el régimen de maquila. El 70 por ciento para el productor y el resto para el bodeguero. Allí concurren productores como Sergio Obrist, Alfredo Montalbán y Oscar Longo a entregar su cosecha. De esa forma trabajaba ya la primera bodega de Amaicha, de la familia Segura, que trajo junto a Michel Torino en 1918 las primeras barricas al Valle Calchaquí. La familia Penna, afincada ya hace años con sus viñedos en Colalao, apura el trámite y construye en estos momentos su bodega propia. Son muchos los emprendedores que serpentean los valles tucumanos en busca del sueño americano del vino, familias pioneras de la zona e inversores extranjeros ponen sus fichas en este paño de tierra desolado…" >> Estas, son palabras del Secretario de Innovación y Desarrollo Tecnológico de Tucumán.
Algunos de los nombres mencionados, como lo venimos sosteniendo, no son empresarios genuinos, sino funcionarios del estado provincial y nacional, tal es el caso de Alfredo Montalván, Secretario de Medio Ambiente de la provincia y la familia cuyo representante es asesor en el ministerio de Salud de la Nación designado como tal, mediante decreto PEN 845/2009.
Estas son las razones del ninguneo legal que experimenta la Comunidad India Quilmes en este caso y que es la muestra patente de que para avanzar en la lucha por la recuperación del territorio se debe tener bien en cuenta lo que hacen funcionarios estatales quienes sin duda alguna están pagados por aquellos ciudadanos argentinos sin poder ni vinculaciones con las burguesías parasitas con que se construyó el estado en toda Abya Yala.
FUENTE: UNION DE LOS PUEBLOS DE LA NACION DIAGUITA
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