(Por Forest People Programme) Diversos pueblos indígenas de Argentina continúan sufriendo reasentamientos violentos a la fuerza respaldados por el Estado. Están pidiendo a las autoridades que detengan todos los desalojos inmediatamente y tomen medidas para defender plenamente los derechos indígenas y el estado de derecho.
A principios de noviembre de 2006, el Congreso Nacional de Argentina aprobó la Ley 26.160, que declaraba "la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país". Esta ley prohibió, por un período de cuatro años, el desalojo o expulsión de pueblos indígenas de sus tierras ancestrales. Poco después de su adopción, esta ley fue convertida en papel mojado cuando miembros de la comunidad indígena Diaguita de la provincia de Tucumán fueron sometidos a violentos desalojos forzosos. La fuerza excesiva de la policía en febrero y marzo de 2007, que incluyó gases lacrimógenos, balas de goma y agresiones a mujeres, niños y hombres indígenas, acabó en el desalojo de 22 familias, la quema y destrucción de 15 casas y daños y robos de otras estructuras y de efectos personales. Muchos indígenas que se resistieron pacíficamente resultaron heridos. En aquel momento, el Gobierno prometió una serie de medidas constructivas, pero no se pusieron totalmente en práctica y las familias desplazadas siguen sin hogar, sin tierra y sin sus efectos personales. Otras familias indígenas siguieron viviendo bajo la amenaza del desalojo y con el temor constante de expulsiones forzosas.
Durante los últimos meses, la pasividad del Gobierno ha hecho realidad una vez más los temores de los pueblos indígenas, ya que los desalojos forzosos se han reanudado. En la mañana del 17 de septiembre de 2009, en la comunidad indígena de Quilmes, aproximadamente otras 40 familias indígenas fueron desplazadas y sus hogares fueron destruidos por 120 policías armados y brigadas a caballo que se echaron encima de la comunidad con el equipo antidisturbios completo: pistolas, granadas y gas lacrimógeno. La policía cortó las autopistas para impedir que el asesor jurídico, los familiares y los amigos de este pueblo indígena pudieran ayudarle. Afortunadamente muchos miembros de la comunidad se encontraban en su lugar de trabajo y no resultaron heridos. Cinco días después policías armados (acompañados de los terratenientes, no indígenas, que deseaban los desalojos) entraron en tierras de la comunidad indígena Diaguita del Pueblo El Nogalito Lule con la intención de desalojar a los residentes. Un anciano fue agredido, se profirieron insultos racistas y las vallas, estructuras, jardines y otros bienes de la comunidad fueron destruidos. Gracias a la resistencia pasiva resultó imposible consumar el desalojo.
Finalmente, el 12 de octubre de 2009, policías armados entraron en la comunidad Diaguita de Chuschagasta para forzar otro desalojo. Esta vez la policía dejó varios heridos y un líder de la comunidad, Javier Chocobar, recibió un disparo mortal. Estas acciones están prohibidas por el derecho internacional, y la comunidad Diaguita y quienes la respaldan están pidiendo al Gobierno de Argentina que ponga fin a los desalojos, que respete sus derechos y las tierras y territorios que han ocupado tradicionalmente, y que las demarque, las proteja y conceda títulos de propiedad sobre ellas.
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario