Tras el asesinato de Javier Chocobar la situación de las comunidades en Tucumán es tensa. El viernes el programa radial La Flecha (FM Estación Sur de La Plata) recibió en su blog amenazas dirigidas a las autoridades de la Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita, a la organización de derechos humanos ANDHES y a las emisoras y editores que difunden los hechos del crimen. Todo esto sucede con el silencio de la prensa masiva y la indiferencia de gran parte de la sociedad, un marco que allana el camino para que los amedrentamientos se agudicen. Por el homicidio están detenidos el terrateniente Darío Amín y los ex policías Luis Gómez y Jorge Valdivieso.
Indymedia entrevistó el miércoles a Santiago Mamaní, delegado diaguita del Consejo de Participación Indígena (CPI), luego de que el presidente del INAI, Daniel Fernández, anunciara que el Estado Nacional será querellante en el crimen de Chocobar y pedirá la prórroga de la ley 26.160, la cual vence en el 2010.
-¿Cómo han tomado los anuncios que hizo el presidente del INAI?
Las comunidades indígenas de la provincia de Tucumán, del pueblo Diaguita y Lule, ha evaluado esa posición del Gobierno, por parte del presidente del INAI; es importantísmo que haya tomado cartas en el asunto, porque en realidad es lo que toca por parte de la ley, no es ninguna cosa que nos juegue en contra sino que es todo lo contrario. Yo creo que por única vez se pone de manifiesto realmente las mil y unas veces que hemos pedido una atención desde los Ministerios, desde el INAI, desde todos los lugares que hemos podido trabajar. Políticamente estamos recepcionando esto con gran alegría, valoramos mucho que se haya tomado esa decisión. Nosotros de todas maneras estamos trabajando acá entre todas las comunidades para que eso no quede en el olvido, que no sea una cosa más que ha pasado. Que él (Nación) se sume a la querella y nosotros también estamos trabajando para eso unidos, esa es la puerta que está planteada desde ahora como organización.
-¿Cuál es la situación de los tres detenidos?
Amín está en un cartel de bomberos, está recluido ahí por ahora. Y los otros dos tampoco están en una cárcel común pero sí están recluidos en un lugar donde ellos por supuesto aducen que están con sumo cuidado.
-¿Qué opinan de estas condiciones de detención?
Nosotros estamos esperando que se ejerza la ley y que en algún momento tienen que estar en el lugar que realmente les corresponde, que son las cárceles.
No se puede tener una provincia en donde uno legitima por todos los códigos y derechos lo que son los derechos indígenas y que haya gente que haga muerte y no esté donde debe estar. Es todo un trabajo porque hay que seguir. Usted sabe que este país en estos casos es muy difìcil pero estamos trabajando para eso.
-Uno de los implicados en el crimen es cuñado del jefe de policía de Tucumán. En otro contexto podría ser un escándalo político, en cambio esto no ha repercutido como si fuera un escándalo en la opinión pública.
No ha tenido esa repercusión porque lamentablemente los medios de comunicaciones hacia nosotros son muy escasos, me entiende. La última marcha que hicimos [martes 20 de octubre, en Tucumán], aglomeró gente y adhesiones de otras instituciones pero no hicimos a sentir acá en la provincia. A nivel país lamentablemente todavía hay políticas volcadas de distintos poderes que se trata de minimizar en lo posible estos avasallamientos.
Nosotros no hechamos culpa de que [el jefe de la policía] sea pariente de tal o cual, pero lo que nosotros sí deseamos es que se haga justicia en serio por una vez por todas.
-Por parte de los sectores políticos de Tucumán con representación legislativa: ¿Qué reacción han tomado ante este crimen? ¿Le han dado la importancia que se merece o ha pasado desapercibido?
No, más bien organizaciones no gubernamentales, en la parte política muy poco, no. No hemos sentido todavía que haya llamado demasiado la atención.
-¿A qué se debe este desinterés a entender de ustedes?
Y porqué hay intereses dentro de todos esos sectores, hay intereses sobre los territorios que ocupan las comunidades indígenas.
-Estos terratenientes tienen vinculación política y estamos viendo también con sectores de la policía.
Sí, sí, es así porque lamentablemente Tucumán es una provincia chica donde las encomiendas de la conquista se han repartido la tierra y se han olvidado de los pueblos originarios. Ellos mismos son los que están en todos lados. Están en los medios de comunicación, están en los poderes, y lamentablemente eso nos cierra una gran parte de la puerta. O sea, si bien es cierto, vivimos en democracia, pero esos sectores lamentablemente todavía siguen practicando lo que es la colonia, esto de colonizar, de decir esto es mío y no reconocer a nadie más.
-Se habla de que ambos o uno de los ex policías era miembro del Comando Atila, una organización paraestatal que estuvo al mando del Malevo Ferreyra. ¿Tienen temor de que haya otros elementos de esta fuerza dispuestos a actuar en conflictos territoriales en los Valles?
Mire, nosotros lo que le podemos decir es que hay varias hipótesis de este caso y es cierto que pertenecían a esta banda, pero de ahí a que nosotros tengamos miedo… porque no es esa nuestra pelea en realidad. Hoy estamos viendo de que realmente ellos tienen la preocupación y el único modo de aterrorizarnos a nosotros como organización ha sido mover gente que en un tiempo hacía decir sí o sí lo que quería a punta de pistola. Yo creo que hoy, creemos todavía en la Justicia, todavía creemos en la democracia y aún estamos trabajando para fortalecer tanto la democracia como la Justicia, en los parámetros de mesa de diálogo y tratar de hacernos entender de la mejor manera de que eso no tiene que ocurrir más. Hay un antes y un después [con el asesinato de Chocobar] pero son otros tiempos y esta lucha, con otra conciencia, nueva, nosotros creemos poder encontrar la manera de que razonemos en una mesa de diálogo. Yo sé que va a ser difícil, pero no buscamos otro método.
-El INAI anunció que el oficialismo va a pedir la prórroga de ley 26.160 porque vencía en el 2010, ¿por cuánto tiempo debería ser y en qué condiciones para que efectivamente se lleve a cabo el relevamiento territorial?
Nosotros como para hacer el relevamiento que se pretende hacer estaríamos necesitando no dos ni tres años, necesitaríamos unos 10 años más, cosa que los políticos tomen conciencia y a nosotros nos ampare una ley y el Estado Nacional. Pero bueno, creemos que con 3 años, 4 que sería lo óptimo para poder revertir esta situación.
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario