En el contexto del Bicentenario se realizó la Marcha de los Pueblos Indígenas que, desde diferentes puntos del país, avanzó hacia Plaza de Mayo y entregó sus demandas a la presidenta de la Nación, Cristina Fernández. En el marco de esta convocatoria se concretó la articulación entre organizaciones territoriales indígenas -como la Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita Calchaquí, Qullamarka y la Confederación Mapuce de Neuquén- y un movimiento social en crecimiento, la Organización Barrial Tupac Amaru, que encabeza Milagro Sala. Si bien existen antecedentes de confluencias en el mismo sentido, la proyección nacional de la movilización y la carga simbólica de la fecha, le dieron a esta una particular relevancia. Para internarnos en los debates y perspectivas abiertas por esta confluencia conversamos con Mario Quinteros, integrante de la Comunidad India de Amaicha del Valle, y activo militante de la Unión Diaguita -presente en las provincias norteñas de Tucumán, Salta, Santiago del Estero, Catamarca y La Rioja.
-En un escenario donde persisten los desencuentros y desconfianzas entre organizaciones indígenas y no indígenas, ¿qué desafíos planteó esta movilización?
Sin duda es toda una situación abierta. Tiene que ver con un planteo que hace mucho tiempo que no se lo está haciendo -no quiere decir que en los años ‘60 o ‘70 no se lo haya hecho- y que abre la perspectiva hacia el interior del movimiento indígena: empezar a discutir la cuestión política y la cuestión de poder en alianza con otros sectores excluidos, dominados o en resistencia dentro de la sociedad argentina.
Creo que de alguna manera el mejor resultado de esta Marcha de los Pueblos Originarios a Buenos Aires es, precisamente, el haber convivido con una organización social en particular -es mi expectativa que se conviva con varias organizaciones más, no exclusivamente con la Tupac Amaru. Y en esa convivencia haber hecho intercambio, no sólo de ideas, sino de prácticas, que tienen que enseñarnos a construir poder desde abajo para ir haciendo avanzar a todo el campo popular en las reivindicaciones y en la lucha por la dignidad.
-El haber marchado con la Tupac Amaru generó un debate al interior de un espacio de organizaciones indígenas que venía trabajando de hace tiempo, el Encuentro Nacional de Pueblos Originarios; y también críticas de organizaciones que no lo formaban. Puntualmente denunciaban una apertura oportunista la Organización Barrrial Tupac Amaru -personificando en su máxima referentes, Milagro Sala- por no tener antecedentes de tomar las demandas propias de los pueblos originarios. Sin embargo en esa organización hay un componente indígena, no sólo en el nombre sino en quienes la integran, que en no pocos casos llegaron a las ciudades tras ser despojados de sus territorios. ¿En esa crítica a la Tupac Amaru se invisibiliza al indígena urbano?
Yo creo que en ese aspecto lo que no hay es claridad sobre el planteo que se quiere hacer cuando hablamos de lo indígena. Por ahí cuaja el hablar de lo indígena como una cuestión muy ajustada al derecho y a una cuestión cultural, y la realidad está mostrando que no necesariamente es así. Los compañeros de la Organización Barrial Tupac Amaru son, precisamente, compañeros del Pueblo Kolla, más allá de que ellos lo asuman o no, pero esa es una realidad; y el hecho de no asumirse o estar construyendo una autoidentificación a futuro, para nada les quita legitimidad en su planteo. El hecho de porque se es urbano no se es indígena o de porque se es indígena no se puede hablar de lo urbano, es un planteo demasiado sectario, fragmenta nuestras posibilidades de [hacer] una reivindicación general que vaya más allá de planteos particulares de las organizaciones tanto indígenas como sociales.
En todo caso, bienvenido que de las organizaciones sociales, de los movimientos sociales, empiecen a plantear que también en sus bases tienen un componente indígena alto, más allá de la autoidentificación, y que tienen que empezar a construir esa América que desde hace mucho muchos luchadores la buscan construir.
-¿Qué peligro hay de que las organizaciones indígenas sean absorvidas por estos movimientos sociales?
En la medida en que los dirigentes y las bases indígenas tengan en claro hacia dónde ir, tengan en claro la defensa de la identidad, no creo en que los movimientos sociales puedan fagocitar a los movimientos indígenas. Es más, creo que la defensa de la diversidad cutural o de la particularidad de las identidades indígenas no tiene que hacérsela negando al resto del contexto social argentino, latinoamericano, sino precisamente decir: somos diaguita, somos mapuche, somos qom, somos wichí, este es nuestro lugar en el mundo, y estos son nuestros aliados, que están más allá de nuestros lugares o de nuestras visiones, inclusive.
Tampoco hablaría bien de los movimientos sociales si lo que buscan es cooptarnos para encolumnarnos detrás de un proyecto político hegemónico. Por lo menos en la marcha que nosotros experimentamos no se planteó, no se vieron esas actitudes.
-Así como se abrió este debate al interior de los pueblos originarios, ¿la movilización fue una llamada de atención para las organizaciones sociales?
Espero que las organizaciones sociales comiencen a debatir la cuestión de los pueblos indígenas, la existencia, la visibilidad, el considerarlos como sujetos políticos y con posibilidades de cambio. Pero por sobre todo creo que nuestra propia dirigencia, en las comunidades y en las organizaciones indígenas, son las que tienen que comenzar a rever el tener una posición excluyente, mirando todo desde el planteo de los pueblos indígenas, que para nada es ilegítimo, pero hay que pensar cómo, en un proceso más amplio de alianza con todos los sectores del campo popular, buscar un mejor porvenir. La liberación no es necesariamente de los pueblos indígenas sino de todo el contienente americano, y eso habla de trasar distintas estrategias buscando vincular a todas las organizaciones que se sienten oprimidas luchan por la liberación.
Quizás la marcha sea un escalón más en ese ascenso. No creo que esto deba terminar en la presentación de un documento ante el Poder Ejecutivo Nacional, sí creo en las vinculaciones de las bases, entre sí, de decir, las bases de los movimientos sociales y las bases de los movimientos indígenas, “qué hacemos de ahora en adelante para liberarnos no sólo del avance del capitalismo, de las mineras, sino también de las propias burocracias tanto en los movimientos sociales como en los movimientos indígenas”, que sin duda las hay.
- ¿Cuáles fueron las demandas presentadas a la presidenta? ¿Qué respuestas concretas ha dado?
Las demandas hablan precisamente de una reparación histórica que lleve a que los pueblos indígenas se desarrollen con la asistencia del Estado, el cumplimiento estricto de relevamiento territorial con la ley 26160, que se considere la situación de la educación, que se luche contra la entrega de nuestros recursos naturales -en particular la minería- y que se derogue el Código Minero. Son varios aspectos transversales a los pueblos indígenas que fueron planteados en el documento de los Pueblos Indígenas en el Bicentenario.
La respuesta concreta [de la presidenta de la Nación] fue encomendar al Ministerio de Desarrollo Social un diálogo directo con los principales referentes que encabezaron la marcha, que está conformado por varios pueblos indígenas -Pueblo Mapuche, Pueblo Diaguita, Pueblo Qom, Pueblo Guarani, Pueblo Wichi, Pueblo Kolla-; en ese contexto estaremos analizando hasta dónde se avanzará con ese diálogo. Más allá de eso , creo que el paso fundamental que se dio es que organizaciones sociales y pueblos indígenas pudimos marchar ocho días por todo el país, llegar a Plaza de Mayo y mostrar que sí es posible una construcción política que lleve a tener una base de sustentación mucho más amplia.
-En un contexto como el del Bicentenario, que se le pide definiciones políticas al Estado, que este nuevamente se derive las demandas al Ministerio de Desarrollo Social, ¿cómo se lee políticamente?
Bueno, en realidad, lo que se logró es precisamente que el propio Poder Ejecutivo Nacional reciba a los dirigentes indígenas y lo derive a una órbita que desde hace mucho tiempo está planteando la política del Estado hacia los Pueblos Indígenas, habrá que ver si a futuro mejora el Estado Nacional esa política o la efecitividad de esas políticas, pero en esa instancia estamos actualmente.
-Porque la finalidad Ministerio de Desarrollo Social es el asistencialismo y las demandas de los Pueblos Indígenas van más allá.
Sin duda que sí, lo que ocurre es que también ahí, en esa órbita, está el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, están dependencias que tienen que ver con la política pública del Estado Nacional hacia los Pueblos Indígenas. Más allá de eso, creemos que de este diálogo, o de esta negociación, habrá resultados en uno u otro sentido, y los pueblos indígenas y los movimientos sociales debemos seguir avanzando en el sentido de reivindicar con mayor precisión las necesidades y los derechos que nos asisten.
-El 12 de octubre del año pasado fue asesinado el comunero diaguita Javier Chocobar por ex policías al servicio de un terrateniente, quienes actualmente están en libertad condicional. ¿Este nivel de violencia determinó la apertura de la Unión Diaguita a ampliar el marco de alianzas?
Quizá de manera inconciente haya ocurrido eso. Cuando se hace la marcha por el asesinato del compañero, del hermano Chocobar, el 20 de octubre del año pasado, hay muchos organismos de derechos humanos y organizaciones sociales que adhieren a la marcha y se encolumnan con el reclamo de justicia. Creo que de alguna manera, en ese sentido, fue madurando la idea o quitándonos la desconfianza hacia otras organizaciones que no sean las indígenas. Quizá no fueron cosas planteadas de antemano o premeditadas, pero sin duda en esas experiencias, en esas movilizaciones, se fue abonando el camino para decir: “bueno, ahora vamos a hablar con las organizaciones sociales o con los movimientos sociales, con los movimientos hermanos en nuestra causa”. Puede ser un buen motivo de que estuviéramos marchando en el Bicentenario el hecho de que veamos la solidaridad activa de muchos organismos de derechos humanos y movimientos sociales cuando asesinaron a nuestro hermano Chocobar.
-¿Qué reflexiones, en términos políticos, generó el asesinato de Javier Chocobar al interior de la Unión Diaguita?
De hecho que nos ha despertado, de alguna manera, la visión que se tiene del enemigo, mucho más poderoso o decidido a atrocidades como esta, que quizá antes no teníamos en claro que podían ocurrir. Lamentablemente tuvo que haber un muerto para que comencemos a evaluar que también, en el estado actual de Tucumán, todavía existen estos resabios de autoritarismo, de impunidad, que son, precisamente, heredados de la dictadura y que nunca fueron desmontados.
El caso es hasta emblemático en cuanto a la impunidad de los sectores con poder y vinculados a la actual política tucumana, puesto que precisamente [el terrateniente Darío] Amín estaba vinculado a la Legislatura de Tucumán y uno de los asesinos [Luis Humberto Gómez] estaba en parentezco con el Jefe de Policía de Tucumán [Hugo Raúl Sánchez]. En eso, una dirigencia política opositora que jamás se manifestó en ningún sentido, habla de la mala calidad institucional que Tucumán tiene respecto de la misma vida “democrática” o de los mismos “poderes democráticos” que actualmente están en vigencia. Ese es un tema que nos tiene que obligar a una lectura de decir: “A Tucumán le falta muchísimo por cambiar, depende fundamentalmente de los tucumanos, más allá de estar alineados con movimientos sociales, movimientos indígenas o con los trabajadores. Depende de todos los sectores de abajo que se decidan a cambiar esta situación, que es de una pobreza y de una resignación que muestran un Tucumán bastante arrodillado ante el poder provincial.
Por Hernán Scandizzo
Entrevista realizada el 31/05/10.
http://argentina.indymedia.org/news/2010/06/738884.php
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